domingo, 2 de diciembre de 2012

El Juego del AGCS

El AGCS constituye una seria amenaza para los Servicios Públicos, dado que su objetivo es la liberalización total de todos los servicios (incluyendo los SSPP) en todos los países, abriendo la puerta a las transnacionales del sector, y obligando a las administraciones públicas a adaptar sus normas y procedimientos a las propias de la OMC, para que no perturben el libre comercio.
A nivel mundial existe una fuerte campaña contra este acuerdo, que ha salido fortalecido tras la última cumbre de la OMC en Hong Kong en diciembre de 2005,. Destaca en Europa el movimiento de Administraciones Locales fuera del AGCS, que agrupa a numerosos ayuntamientos, diputaciones y gobiernos regionales (incluyendo España) que han expresado formalmente su rechazo a aceptar el AGCS

“El juego del AGCS. Privatizar o no privatizar los servicios publicos”. ATTAC presenta este video en el que se explica el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC (Organizacion Mundial del Comercio).  

EL ACUERDO GENERAL SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS (AGCS)
 Un plan mundial para privatizar los servicios públicos
 Luis Miguel Busto Mauleón
Tal vez el lector no conozca ni haya oído hablar de estas siglas, mucho menos de todo lo que ellas encierran. Es normal, muchos representantes políticos tampoco sabrían ni siquiera descifrarlas. Pero el asunto tendrá profundos impactos en los acuerdos comerciales regionales y hemisféricos y, con toda seguridad, estará en la agenda política de los próximos años.
El AGCS entró en vigor en 1995 y formó parte de una serie de compromisos que dieron origen a la Organización Mundial del Comercio. Se puede definir como el conjunto de normas multilaterales que abarca el comercio internacional de servicios. Tras el eufemismo se encierra un objetivo: la liberalización progresiva de los servicios esenciales para la sociedad y que en estos momentos son atendidos por los poderes públicos. Abarcaría cuanto servicio sea imaginable en sectores que afectan al medio ambiente, la cultura, los recursos naturales, el agua potable, la salud, educación, seguridad social, servicios de transporte, de correo o servicios municipales. Impondría límites a prácticamente todas las medidas gubernamentales que afecten al comercio de servicios: desde límites impuestos a la legislación laboral hasta a la protección del consumidor incluyendo en el tema regulaciones, directrices, subvenciones, cualificaciones y pautas para otorgar permisos. Y también afectaría a los límites gubernamentales sobre el acceso a los mercados, las necesidades económicas o las disposiciones de contenido cultural. La mayor apertura de los mercados, según sus promotores, mejoraría las posibilidades de los países en desarrollo para mejorar los servicios a sus ciudadanos y más oportunidades comerciales para su crecimiento económico.
Muchos gobiernos ya habían empezado a privatizar los servicios que ofrecían, tales como las telecomunicaciones o la electricidad porque habían empezado a ser rentables para el capital privado. Todos conocemos las consecuencias: fusión de empresas que generan mercados oligopolistas y terminan por elevar los precios de los productos; inseguridad y disminución de la calidad de los servicios, como en el caso de los transportes;  mengua de la garantía de provisión, como en el caso de la electricidad; degradación del medio ambiente; degeneración y disminución del empleo; dilapidación de los recursos públicos en oscuros procesos de privatización… Pero ahora se quiere llevar al límite la privatización porque se pretende que incluso los servicios esenciales pasen a ser suministrados por empresas privadas.
Los principales beneficiarios de la aplicación del acuerdo serían las grandes multinacionales que convertirían los servicios públicos de todo el mundo en mercados privados. No debemos olvidar que la Salud representa un mercado con un valor de 3,5 trillones de dólares anuales; que la Educación supone un negocio de 2 trillones de dólares anuales y que el agua supone 1 trillón anual. Un bocado demasiado apetitoso para dejarlo en manos de los políticos.
Los perjudicados serían los de siempre. Las grandes empresas con fines lucrativos accederían a los recursos públicos y lograrían minar las regulaciones existentes. Y para muchos países del Tercer Mundo supondría el desmantelamiento definitivo de los servicios públicos tras décadas de ajuste estructural de los programas del FMI y del Banco Mundial. La competencia internacional los destruiría y, donde todavía no existen, se impediría su creación reforzando y perpetuando la desigualdad y la pobreza.
Según la OMC las ventajas de la liberalización de los servicios serían: la eficacia en la prestación de los servicios por la mayor competitividad; mayor grado de desarrollo; ahorro de los consumidores; más innovación; transparencia y previsibilidad de las empresas; y transferencia de tecnología por la inversión directa extranjera.
Pero a estas alturas a nadie se le escapa que el objetivo de la OMC es la promoción y expansión del libre comercio apoyando la generación de más beneficios para las empresas a costa de la provisión de los servicios públicos. Y por eso ve en los monopolios de los sectores públicos, sobre todo europeos, grandes barreras para el comercio. El AGCS limitaría la capacidad de los gobiernos para ejercer políticas a favor del interés común y las distintas administraciones se verían obligadas a eliminar aquellas acciones tendentes a regular y financiar servicios esenciales.

Privatización de los servicios públicos

El AGCS lleva implícito la privatización de los servicios públicos ya que considera que las subvenciones pueden tener efectos distorsionadores en el mercado. De hecho, el sector público no podría situarse en competencia con un servicio ofrecido por una empresa y estaría obligado a multiplicar el presupuesto destinado a un servicio público para ofrecer a la competencia la misma subvención; o a dividirlo y destinar una parte proporcional a competidoras privadas; o privatizar los servicios públicos. Cualquiera de los tres casos supondría la desaparición de los servicios públicos.

Aceptar el AGCS supondría:

-             el dominio de los mercados por un pequeño número de compañías privadas;
-             la pérdida del control democrático de los servicios públicos;
-             la caída de los precios a expensas de la calidad;
-             la reducción de la protección medioambiental;
-             la pérdida de servicios básicos y de puestos de trabajo.
En definitiva, el AGCS suscita preocupaciones por sus efectos en la ciudadanía. La primera de ellas sería la posibilidad de que los gobiernos se vean impedidos de definir políticas en sectores claves para garantizar ciertos servicios básicos. La segunda tiene que ver con la irreversibilidad del proceso que hace que lo que se compromete en cada ronda de negociación no pueda deshacerse sin un costo económico elevado. La tercera es la sensación de que la vaguedad y generalidad de los asuntos contenidos en los artículos terminarán poniendo la interpretación de las reglas en manos de algún tribunal de arbitraje dominado por los países más fuertes y las corporaciones internacionales. Y, por último, la falta de información y transparencia en las negociaciones de este polémico acuerdo.
Los servicios públicos se establecieron para satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio y el beneficio económico y no pueden regirse por criterios de rentabilidad sino de interés social. De acceso universal, mantenidos por una fiscalidad solidaria, representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzados por la ciudadanía a lo largo de la historia y son indispensables para luchar contra las desigualdades sociales y territoriales. La provisión de los servicios públicos se desarrolla en base a las necesidades sociales del individuo y no en su capacidad de pago. Por su propia naturaleza no deben ser ni liberalizados ni privatizados.
La constante crítica al funcionamiento de los servicios públicos ha conseguido que una parte importante de la sociedad acepta la falacia de que estos serían mucho más eficaces si se entregaran a la competencia del mercado. Claro que es necesario perfeccionar la eficacia de los servicios pblicos pero para ello hay que ampliar su financiación, mejorando la calidad y el acceso de todos en condiciones de igualdad. Pero no podemos permitir que su actual deterioro sea utilizado como argumento para permitir que se los apropien las multinacionales. Mostrarían precisamente la cara vergonzante del neoliberalismo. Y sobre todo que el capitalismo de nuestros días es cada vez más incompatible no sólo con los derechos sociales sino con las normas democráticas más elementales.

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