El nuevo tratado TTIP que negocian Washington y Bruselas no va de pollos clorados ni de carne de vacuno hormonada, aunque también. Va, y esto es lo importante, del futuro de nuestra democracia.
Joaquín Rábago
nuevatribuna.es
12 Diciembre 2014
El nuevo tratado TTIP que negocian Washington y Bruselas no va de pollos clorados ni de carne de vacuno hormonada, aunque también. Va, y esto es lo importante, del futuro de nuestra democracia. Y hacen bien muchos de nuestros parlamentarios en Estrasburgo en exigir la revisión de un tratado que, como todos los conocidos de comercio e inversiones, busca anteponer los intereses de las multinacionales a los derechos de los ciudadanos.
Pretende consolidar formalmente el derecho de una multinacional del país que sea -también, por supuesto, las europeas- a demandar a un Estado por considerarse perjudicada en sus intereses por una medida adoptada por un gobierno soberano
No es cuestión de derechas o de izquierdas. Ni, por supuesto, de reflejos antiamericanos de la trasnochada y nostálgica izquierda europea, porque afecta también al núcleo de la democracia, tanto la europea como la norteamericana.
Se habla continuamente del plebiscito de los mercados, se trata de hacernos creer que los mercados son más democráticos que quienes nos gobiernan porque éstos son elegidos cada cuatro años y los mercados están sometidos a un plebiscito permanente, como denuncia el filósofo esloveno Slajov Zizek.
Se trata de convencernos de que el Estado no es garantía, sino sólo imposición, asociado siempre a la falta de libertad a la hora de elegir: elegir médico, elegir escuela para los hijos, elegir plan de pensiones, elegir aseguradora, marca de jabón o pasta de dientes. Da igual. Es el mantra neoliberal por excelencia.
Un mantra que nos atenaza y atonta. Y mientras en algunos países como Alemania, el Reino Unido o Austria hay ahora mismo un fuerte debate en la calle sobre el polémico tratado, aquí seguimos entretenidos con los resultados de la última liga de fútbol o los anhelos de independencia de los catalanes.
Pero fijémonos mejor en el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, del que se nos dice que va a ser una auténtica cornucopia: que traerá más riqueza y prosperidad para todos, lo mismo a este que al otro lado del Atlántico.
Pretende consolidar formalmente el derecho de una multinacional del país que sea -también, por supuesto, las europeas- a demandar a un Estado por considerarse perjudicada en sus intereses por una medida adoptada por un gobierno soberano.
Se han firmado hasta ahora más de 3.000 tratados bilaterales de protección de inversiones en los que se habla no sólo de propiedades físicas, es decir fábricas u oficinas, sino también de conceptos de más difícil definición como lo que llaman “expropiación indirecta” o “trato discriminatorio”.
Y ello ha llevado a un auténtico alud de disputas de empresas de todo tipo contra los estados: sólo el año pasado hubo más de medio millar en todo el mundo. He aquí sólo algunas:
- El fabricante químico estadounidense Ethyl Corporation demandó a Canadá después de que el Parlamento de este país prohibiese un aditivo de manganeso para la gasolina que empleaba la empresa norteamericana. Canadá tuvo que indemnizarla con once millones de dólares y retirar el correspondiente decreto.
- La empresa estadounidense Metalclad demandó a México por impedirle reabrir un depósito de confinamiento de residuos tóxicos cerca de un lugar habitado.
- La tabaquera estadounidense Philipp Morris ha demandado a Uruguay por endurecer su legislación sobre la publicidad en los paquetes de cigarrillos y le exige una indemnización de 2.000 millones de dólares, lo que equivale al 4% del PIB de ese país del Cono Sur. Y también se ha querellado por igual motivo con el Gobierno australiano.
- Las empresas mineras italianas Piero Foresti, Laura de Carli y otras presentaron una demanda contra Suráfrica por una ley que establece que al menos una cuarta parte de los propietarios y un 40% de los directivos de ese tipo de empresas deben pertenecer a la mayoría negra.
- La francesa Veoli ha demandado a su vez al Gobierno egipcio por incumplimiento del contrato al no haberle permitido subir sus tarifas de recogida de basura a raíz de una ley de 2003 que establecía un salario mínimo de 99 dólares al mes.
Esos tratados bilaterales para la protección de inversiones establecen que las querellas entre gobiernos e inversores extranjeros deben verse ante tribunales de arbitraje particulares que sesionan a puerta cerrada y ante los que no hay posibilidad de recurso ante la justicia del país afectado.
Como escribía recientemente el semanario Die Zeit, “el Tribunal Constitucional alemán juzga en nombre del pueblo, pero ¿en nombre de quién juzgan esos tribunales?”
La respuesta sin duda es: en nombre del dinero, porque un 55% de todos esos procesos los llevan bufetes especializados tanto estadounidenses como europeos y quienes intervienen en ellos pueden ganar hasta 6.600 dólares netos por hora.
Puede hablarse por tanto de una Justicia paralela a la de los estados o de la privatización del derecho internacional. Y mientras tanto ¿qué ocurre con los ciudadanos? ¿Para cuándo un tribunal internacional ante el que los particulares o las organizaciones puedan querellarse cuando una empresa multinacional vulnera sus derechos laborales, su derecho a la salud o la protección del medio ambiente?
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