lunes, 9 de julio de 2012

Los efectos de la corrupción

El fenómeno de la corrupción (ya sea en forma de tráfico de influencias, o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros favores) constituye una vulneración de los derechos humanos por cuanto que generalmente entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, y en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés
privado de quienes se corrompen.
El término “corrupción” viene de la palabra latina corruptio que significa “moral decay, wicked behaviour, putridity or rottenness”, (decadencia moral, com­portamiento malvado, putrefacción o podredumbre). El concepto puede apli­carse a lo físico, como en “la destrucción o pudrición de algo, especialmente por desintegración o por descomposición acompañado por la insalubridad y la repugnancia; putrefacción”, o un significado moral como en “deterioro o deca­dencia moral… (la) perversión o destrucción de la integridad en el cumplimien­to de los deberes públicos por cohecho o clientelismo…”

Podemos clasificar la corrupción por su tamaño, así podríamos hablar de la gran corrupción que se refiere a la corrupción por parte de los jefes de estado, ministros y altos funcio­narios y, por lo general, indica grandes cantidades de bienes, o de la corrupción menor, también llamada “baja” o “de la calle”, indica el tipo de corrupción que las personas sufren en sus encuentros con funcionarios públi­cos y cuando utilizan servicios públicos (hospitales, escuelas, autoridades que otorgan licencias, policías, oficinas de recaudación de impuestos, etc.) Son, casi siempre, sumas de dinero modestas.

También podríamos clasificar la corrupción por su tipo. La corrupción política incluye a los que hacen las leyes (legisladores, dictadores) porque actúan como crea-dores de las reglas o de los estándares mediante las cuales funciona una organización política. Estos funcionarios buscan fondos o sobornos para su beneficio político o personal y otorgan favores a sus seguidores en perjuicio de los beneficios públicos más extensos. La corrupción administrativa com­prende la utilización del cohecho y el favoritismo para disminuir los impuestos, evadir las regulaciones y ganar licitaciones para contratos de bajo nivel. La corrupción corporativa ocurre entre los empresarios privados y los provee-dores de servicios públicos. También incluye el comportamiento ilegal de los funcionarios corporativos con tal de asegurar ganancia económica personal. La corrupción institucionalizada designa el comportamiento de aquéllos que abusan de sus cargos institucionales para influir sobre procesos o acciones institucionales tales como el personal que pone en práctica las leyes y los miembros del poder judicial; la corrupción operacional, de alcances más es­trechos, describe actividades y objetivos específicos.Otro enfoque hacia la definición se ha encaminado hacia un campo de estudios determinado. En el campo económico, por ejemplo, Robert Klitgaard ha definido la corrupción en términos de una ecuación: Corrupción = Poder monopólico + Discreción – Rendición de cuentas.

Soborno
Puede definirse como la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un bene-ficio indebido, a un funcionario público, o que éste solicite o acepte, directa o indirectamente, un beneficio indebido para sí mismo u otra persona o entidad a cambio de que el servidor actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.
Se reconocen varias formas distintas de soborno. Al acto de ofrecer un so­borno se le conoce comúnmente como soborno activo y al acto de aceptarlo como soborno pasivo.

Malversación o peculado
Se puede definir como la apropiación indebida u otro desvío, por parte de un funcionario público, para fines no relacionados a aquéllos hacia los cuales los activos fueron destinados, para su beneficio o para el beneficio de otra persona o entidad de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se haya confiado al funcionario público en virtud de su cargo.

Tráfico de influencias
Se puede definir como la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un fun­cionario público o a cualquier otra persona, o la solicitud o la aceptación, por parte de un funcionario público u otra persona, directa o indirectamente, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario publico o la persona abuse de su influencia, real o supuesta, para obtener de una administración o auto­ridad pública un beneficio indebido para el instigador original del acto o para cualquier otra persona. Para algunos es irrelevante si la influencia se ejerce realmente o no y si se alcanza o no el resultado que se pretendía. El tráfico de influencias se divide también, por lo general, en su forma activa (otorgar un beneficio a cambio de influencia) y su forma pasiva (solicitar o aceptar un beneficio a cambio de influencia).

Abuso de funciones
Se puede definir como la realización u omisión de un acto en violación de la ley, llevado a efecto por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.
 
Enriquecimiento ilícito
Se puede definir como un incremento significativo del patrimonio de un fun­cionario público que no puede justificarse razonablemente en relación con sus ingresos legítimos. Este es un asunto especialmente polémico. Algunos alegan que la criminalización de esta conducta infringiría el principio de la presunción de inocencia y que invierte la carga de la prueba. No obstante, ciertas deci­siones jurídicas tienen un punto de vista contrario. Este tópico se analizará en detalle en el segundo informe cada individuo tiene derecho a ser tratado equitativamente por los funcionarios de gobierno y si una persona soborna a un funcionario público esa persona adquiere un status privilegiado en relación con otros individuos en su misma situación que no han sido cómplices del acto corrupto. Hay una violación del derecho a la igualdad en ambos ejemplos porque existe violación a este derecho cuando casos similares se tratan de diferente manera y si la diferencia en el tratamiento es resultado de la corrupción, esto obviamente no es una justificación objetiva o razonable.





La verdad es que abrir un diario español es como sumergirse en un catálogo de corrupciones, inmoralidades o malas prácticas. En las últimos días hemos conocido más novedades del caso Gürtel, del caso Urdangarin, del caso de los Eres. Hemos sabido igualmente que el Parlament creaba una comisión de investigación sobre diversos escándalos en la sanidad catalana de los últimos años. Hemos leído que la Audiencia Nacional imputaba a toda la cúpula de Bankia por cuatro posibles delitos, mientras la fiscalía de Barcelona abría una investigación sobre las retribuciones percibidas por altos cargos de CatalunyaCaixa. Partidos políticos, instituciones del Estado, entidades financieras están bajo sospecha. Se diría que en los años de bonanza la lupa con la que se miraban las operaciones públicas y privadas era de menos aumentos que en la actualidad, con la gente pasándolo mal y dispuesta a no perdonar ni una a quienes han dejado en poco tiempo de encabezar las páginas de política y economía para encumbrarse en la sección de sucesos y tribunales. Uno de los personajes más amorales de la historia fue el francés Joseph Fouché, sobre quien Stefan Zweig escribió una magnífica biografía titulada El genio tenebroso, donde explicaba que llegó a declarar que "todo hombre tiene un precio y lo que hace falta saber es cuál." En los últimos años, demasiados servidores públicos han llevado la etiqueta con su precio en la chaqueta.

La corrupción tiene efectos devastadores para la política, reduce la confianza en los gobernantes y desmoraliza a la sociedad. La propia democracia se resiente de estas prácticas, los países pierden credibilidad y los inversores se alejan. Una de las pocas cosas positivas de esta crisis es que no resulta el mejor momento para que los facinerosos se vayan de rositas. La ciudadanía está alerta y exige responsabilidades. Y, sin duda, eso es una buena noticia para empezar a regenerar el sistema. Joan Baez declaró en una ocasión: "Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella." La gente lo ha entendido, sin necesidad de que Baez se lo dijera con música.

Los gobiernos locales tienen a su cargo servicios públicos cruciales (la salud pública, la educación, los proyectos de infraestructura, etc.) que son vitales, especialmente para los grupos vulnerables y desventajados. La corrupción puede aumentar el costo de esos servicios, disminuir su calidad y distorsionar su distribución. El clientelismo y el patronazgo constituyen uno de los retos mayores a nivel de los gobiernos locales.

Los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, tienen un papel importante porque es a través de ellos, que las personas conocen las violaciones a los derechos humanos y las prácticas corruptas. S
Combatir la corrupción a largo plazo será esencial para transformar las acti­tudes que hacia ella, tengan los jóvenes. Si la próxima generación crece per­cibiendo la corrupción como algo normal, ya la batalla se ha perdido. Los medios tienen una gran capacidad para influir y desarrollar conciencia antico-rrupción entre los jóvenes.

El acceso público a la información oficial puede conducir a lograr un gobierno más eficaz, más eficiente y menos corrupto. El escrutinio de las instituciones oficiales puede reducir los abusos del poder, incluso la corrupción. La participación ciu­dadana en la actividad pública puede mejorar la calidad de la política y el apoyo a la misma . Para lograr estos objetivos, la mayoría de las personas necesitan estar bien informadas y los funcionarios públicos no sólo necesitan dar a conocer la in­formación sino también asegurar que los mecanismos de consulta se apliquen con seriedad y sean adecuadamente inclusivos.


El cargo público es percibido como "la llave" para "trincar", si no lo haces "eres gilipollas" y otros lo harán; y además no te va a pasar nada. Todo esto es anatema a la verdadera democracia. Las tradicionales redes clientelares en España siguen patrones establecidos y perfeccionados durante siglos de mala gobernanza que son difíciles de extirpar. Estas redes, con sus “intermediarios”, funcionan a través de comportamientos que incluyen intercambios corruptos en los que las decisiones políticas están ligadas a benefi cios económicos, y viceversa.
No obstante, la corrupción en España no constituye un caso excepcional ni en su forma ni en su extensión. Spain is not very different. De hecho, el imaginario sigue pautas que encajan en algoritmos defectuosos evidentes en muchas sociedades y países por todo el mundo.
Lo realmente lamentable es que la distancia que perciben los ciudadanos entre su ideal democrático y la realidad existente, ese cinismo hacia la política democrática en España, representa una peligrosa desconfi anza generalizada en las instituciones y en la capacidad de los sistemas de administración para resolver el problema de la corrupción.
Es un círculo vicioso de difícil arreglo. Cuando no existe un sano equilibrio entre las administraciones, la sociedad civil y los mercados, cuando los sistemas de control no funcionan adecuadamente, no puede haber verdadera “normalidad democrática”.
Pero quizás lo más desalentador es lo que esto signifi ca en términos de iniciativa individual, de la percepción del esfuerzo personal, y por tanto, de la posibilidad de cambiar “el sistema”. Mientras “esto” siga “siendo así”, mientras las reglas del juego no estén claramente delineadas y sean iguales para todos, nada cambiará.
La lucha contra la corrupción en España requerirá cambios signifi cativos en la cultura política y también en la cultura empresarial. Como evidencian las encuestas, los ciudadanos españoles no son especialmente propensos a la corrupción, no se trata de un problema de moral pública. Se trata de un sistema de control y responsabilidad defectuoso.
Para sanear “el sistema” y eliminar el impacto de la corrupción sobre la vida social española, se requerirá una acción global concertada entre todos los sectores sociales. Se requerirá liderazgo político e institucional decisivo, responsable, y un llamamiento a un movimiento social imparcial e inclusivo que abarque a las clases política, empresarial, cultural y académica. Solo así estaremos en condiciones de romper el círculo vicioso
Fuentes: Anatomía de la corrupción en España de Fernando Jiménez y Fernando Carbona
               La corrupción y los Derechos Humanos

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